La sentencia del Tribunal responde a una cuestión planteada por un tribunal alemán sobre si la obligación de la Ley de Telecomunicaciones Alemana (LTA) de conservar datos de tráfico y datos de localización relativos a las telecomunicaciones de sus clientes, a partir del 1 de julio de 2017, se ajusta a la normativa europea.

Salvo algunas excepciones, la ley alemana impone a los proveedores de servicios de comunicaciones electrónicas disponibles al público la conservación generalizada e indiferenciada, durante varias semanas, de los datos esenciales de tráfico y de localización de los usuarios finales. Esta medida se toma con fines de represión de las infracciones penales graves o prevención de un riesgo concreto para la seguridad nacional.

El TJUE ha emitido varias sentencias en las que falla en contra de que los gobiernos puedan obligar a conservar los datos de los ciudadanos.

Los gobiernos de la UE no pueden retener indiscriminadamente datos personales a menos que exista una amenaza grave para la seguridad nacional. De esta forma el Tribunal de Justicia confirma su jurisprudencia anterior.

No obstante, la sentencia aclara que el Derecho de la Unión no se opone a la legislación nacional que permita, a efectos de la protección de la seguridad nacional, recurrir a un requerimiento efectuado a los proveedores de servicios de comunicaciones electrónicas para que procedan a una conservación generalizada e indiferenciada de los datos de tráfico y de localización, en situaciones en las que el Estado miembro en cuestión se enfrenta a una amenaza grave para la seguridad nacional que resulte real y actual o previsible.

En cualquier caso, la legislación nacional debe garantizar mediante normas claras y precisas que la conservación de los datos en cuestión esté supeditada al respeto de los requisitos materiales y procesales correspondientes y que las personas afectadas dispongan de garantías efectivas contra los riesgos de abuso.

Fuente: Economistjurist.es