Ha llegado el día: después de meses esperándola, ha entrado en vigor la nueva reforma de la Ley Concursal adaptando así -por fin- la normativa española a la Directiva europea de insolvencias.

La principal apuesta de la nueva normativa es prevenir la situación de insolvencia y evitar la declaración de concurso. Para ello, se han regulado con más detalle los procedimientos pre-concursales:

  • Planes de reestructuración para empresarios o profesionales con contenido más amplio que el previsto hasta ahora y posibilidad de nombramiento de un experto en reestructuración para asistir al deudor y acreedores en las negociaciones y elaboración del plan
  • Pre-pack concursal como mecanismo de enajenación ágil de unidades productivas para evitar la pérdida de valor de los activos empresariales por la declaración de concurso del deudor, incluyendo la posibilidad de que sean los propios trabajadores quienes realicen una propuesta vinculante de adquisición.

En cuanto a las reglas generales de procedimiento, destacan las siguientes novedades:

  • Competencia exclusiva y excluyente de los juzgados mercantiles para la tramitación del concurso, tanto para personas jurídicas, como para personas físicas, sean o no empresarias.
  • Desaparece el concurso abreviado, unificándose la tramitación en todo caso por el procedimiento ordinario.
  • Se introduce la figura del CONCURSO SIN MASA, que permite solicitar a la persona natural la exoneración del pasivo insatisfecho y sustituye el sistema antiguo del concurso exprés, que se abría y concluía simultáneamente, por un sistema más sujeto al control de los acreedores en determinados supuestos de insuficiencia de activo.
  • La supuesta “joya de la corona” es la inclusión del Libro III que recoge un procedimiento especial para microempresas, cuya principal novedad es la tramitación telemática con una mínima intervención del juzgado, ya que permite gestión online por medio de formularios estandarizados y resolución de incidencias oralmente (incluso sentencias orales, salvo el fallo), con el objetivo de reducir plazos y costes. Sin embargo, no sólo faltan herramientas, por lo que no entrará en vigor hasta que no se implanten las plataformas telemáticas necesarias para la correcta tramitación del concurso (previsto 1/01/2023), sino que además presenta muchas carencias en cuanto a garantías del procedimiento.

Finalmente, destacamos los cambios más significativos introducidos en la nueva segunda oportunidad y la exoneración del pasivo insatisfecho para las personas físicas.

El legislador ha introducido dos novedades que parecen ir en contra del verdadero espíritu de la directiva: ampliación de créditos no exonerables y limitación de algunos de ellos (créditos públicos, principalmente) y restricción de las condiciones de acceso al procedimiento, mucho más subjetivas en algunos casos.

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Ana Fernández Ballesteros

Abbantia Law Firm