Retener los detalles de todas las comunicaciones electrónicas de los ciudadanos europeos hasta un máximo de dos años atenta contra los derechos fundamentales. Así lo entiende el Tribunal de Justicia de la Unión Europea que ha tumbado la Directiva que  obliga a las compañías telefónicas y otras empresas de comunicaciones electrónicas a almacenar los datos personales de los ciudadanos por motivos de seguridad.

El fallo invalida la Directiva europea pero no las leyes nacionales que se elaboraron para aplicarla, por lo que los Estados miembros pueden seguir manteniendo su esquema legal de almacenamiento de datos hasta que la Comisión Europea decida hacer otra Directiva o hasta que los juzgados de cada país declaren ilegales las normas internas a la luz del fallo del tribunal.

La sentencia europea plantea objeciones a todos los elementos de la Directiva, afirmando que “se inmiscuye de manera especialmente grave en los derechos fundamentales al respeto de la vida privada y a la protección de datos de carácter personal”.

El TJUE afirma que tampoco es conforme a derecho el plazo fijado por la Directiva para retener los detalles de esas comunicaciones. Se fija una horquilla entre seis y 24 meses, sin que haya una distinción por tipo de delito ni otros “criterios objetivos” que garanticen que esa conservación se limita a lo estrictamente necesario.

Fuente: Elpais.com