Si en algo se caracteriza la reforma operada por la Ley 8/2021, de 2 de junio es por reconocer una mayor autonomía a las personas con discapacidad adaptando las resoluciones judiciales, que antes se limitaban a establecer el sometimiento a tutela o a la curatela, a la concreta situación de cada persona con el establecimiento de las medidas de apoyo que en su caso particular necesite, con revisiones cada tres años y concediéndole el mayor ámbito posible de libertad de actuación. Se busca así adaptar nuestra normativa a la Convención internacional sobre los derechos de las personas con discapacidad, hecha en Nueva York el 13 de diciembre de 2006 y, con ello, avanzar en el camino hacia la igualdad de las personas en el ejercicio de su capacidad jurídica al tiempo que se establecen mecanismos con los que luchar contra los abusos que, día a día, se cometen.

Además, con esta ley se refuerza la figura del guardador de hecho, tan común en nuestra sociedad; se suprime la figura del tutor para las personas mayores de edad quedando limitado a los casos de menores no emancipados en situación de desamparo o no sujetos a patria potestad; y se establecen dos tipos de curatela: asistencial y representativa, en función de las necesidades de cada persona. Se mantiene la figura del defensor judicial para los supuestos en los que exista conflicto de intereses y se establece la vía de la jurisdicción voluntaria para todos aquellos casos en los que no haya conflicto a la hora de determinar las medidas y el nombramiento del curador. La preocupación ahora no se centra en el aspecto patrimonial, sino en el personal, velando para que estén debidamente atendidos y lleven una vida lo más plena posible. Se abandona así la visión de la discapacidad como algo totalmente invalidante dándoles su lugar en la sociedad como adultos.

No se trata sólo de flexibilizar el anterior sistema de incapacitación, sino de crear un sistema nuevo en el que no se distingue entre “capaces e incapaces” sino que se adapta a las necesidades de cada sujeto y a su propia evolución, ya que, gracias a los numerosos avances médicos y a las diferentes terapias, se consiguen grandes avances que permiten a las personas con discapacidad ser cada vez más autónomas y, con ello, dueñas de sus propias vidas.

Por todo ello, se hace necesario, ahora más que nunca, contar con el mejor asesoramiento posible para solicitar las medidas más adecuadas en cada supuesto, acelerando los trámites, no sólo al solicitar la curatela, sino también las autorizaciones judiciales concretas cuando son necesarias o en aquellos supuestos en los que una persona, en previsión de un agravamiento de su situación, decide regular por sí mismo las medidas de apoyo para un futuro.

Rocío Cera López

Abogado/Lawyer

Abbantia.com