El Constitucional analiza qué prima en una relación laboral, si la libertad de expresión de los trabajadores o el poder disciplinario del empresario, en el caso de un enfermero que trabajaba en un centro de día y acudió a las dependencias del Ayuntamiento para quejarse de la gestión que estaba realizando su empresa, y posteriormente fue despedido.

El Tribunal entiende que el despido es nulo, ya que los trabajadores están en su derecho de emitir juicios de valor sobre la forma de actuar de su empresa.

Aunque en un primer momento el despido fue declarado improcedente por el TSJ, el Constitucional entiende que se trata de un despido nulo y que las opiniones del trabajador están amparadas por la libertad de expresión, cumpliendo los requisitos establecidos para ello: las críticas eran relativas a la gestión empresarial del centro de trabajo del actor y eran, por tanto, estrictamente laborales.; además no se utilizaron expresiones malintencionadas o calumnia y, por último, la reclamación del trabajador se realizó ante quien debía dirigirse porque primero acudió a su jefe, y viendo que no se solventaba, decidió dirigirse al Ayuntamiento que había otorgado la concesión, porque no debemos olvidar que estamos ante unos servicios de tipo social que debe “vigilar” el organismo municipal.

Si desea consultar el texto íntegro de la sentencia, pulse aquí: Sentencia Tribunal Constitucional
Fuente: Diariolaley.es y Noticiasjuridicas.com