El Supremo considera que la llamada realizada al teléfono de una víctima de violencia de género por parte de quien tiene prohibido comunicarse con ella, incluso tratándose de una llamada perdida, constituye un delito de quebrantamiento de condena, siempre que quede registrada y sea posible saber quién la realizó, ya que se trata de una llamada perturbadora y que amenaza la seguridad de la víctima.

Entiende el Alto Tribunal que en los casos en los que se efectúe una llamada al teléfono de la persona protegida por la medida o pena de prohibición, y esta no la atienda, «el delito quedará consumado si ha sido efectiva la comunicación de la existencia de esa misma llamada efectuada por quien tiene prohibida la comunicación».

El tribunal explica que cualquier terminal móvil, e incluso la mayoría de los de línea fija, refleja en su pantalla el número desde el que se hace la llamada, y, en caso de que no sea atendida, aparece en el registro del teléfono como llamada perdida, constando la hora y el número de procedencia.

Fuente: Noticiasjuridicas.com